Con el permiso de la Presidencia;
Presento esta iniciativa a nombre de mi compañera Diputada Rocío Corona Nakamura.
Es bien conocido que México es uno de los países con mayor riqueza natural a nivel internacional; hablar sobre los recursos naturales con los que contamos, indudablemente, nos ayuda a visualizar y a generar conciencia sobre la verdadera importancia de la protección de los mismos.
Los forestales son uno de los ecosistemas más elementales, su importancia radica en los componentes y procesos que integran a los demás ecosistemas y que proporcionan múltiples beneficios al ambiente, al equilibrio ecológico y a la sociedad.
Desde el punto de vista ambiental, los bosques ayudan a la regulación del clima y al amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, mantienen la provisión de agua en calidad y cantidad, generan oxígeno, controlan la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del suelo y, entre otras, protegen la biodiversidad y los espacios donde ésta habita.
A pesar de sus grandes contribuciones, tanto para el propio medio ambiente como para la salud humana, las cifras relativas a los impactos negativos sobre los mismos son alarmantes. De acuerdo a la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, México ha perdido más de 120 mil hectáreas de bosque, una cifra muy alta tomando en cuenta que en el periodo de 2010 a 2015 se registró una deforestación promedio de 91 mil hectáreas anuales.
Por lo que hace a las principales causas de pérdida de cobertura forestal, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, se observa el incremento de la frontera agrícola y ganadera; la tala ilegal junto con los incendios forestales; así como la expansión de áreas urbanas e industriales.
En el Partido Verde hemos sido enfáticos sobre la necesidad de poner un alto a la degradación de los bosques con mecanismos legales que desincentiven su afectación; por ello hemos promovido leyes que buscan alcanzar su máxima protección y aprovechamiento sustentable; evitando la realización de actividades en un terreno forestal incendiado intencionalmente, de tal modo que éste tenga oportunidad de regenerarse.
En legislaturas pasadas logramos aprobar una reforma legal para no otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terrenos incendiados sin que hayan pasado 20 años hasta su completa regeneración; la reforma que hoy proponemos representa un complemento para impedir que se sigan cometiendo actos que atenten contra el equilibrio ecológico.
Resulta imprescindible para quienes integramos la presente legislatura reforzar lo avanzado y tomar medidas adicionales determinantes para redoblar esfuerzos en materia de protección de zonas forestales.
Estamos obligados a anteponer el interés general, el interés común que representa la preservación de nuestro medio ambiente y legislar para dar pasos decisivos al respecto, incidiendo directamente en las causas que propician estos delitos ambientales.
Una solución que podría resultar eficaz para atender este problema es por medio de la extinción del dominio, es decir, que todo particular que incurra deliberadamente en la quema intencional de un terreno forestal del que sea dueño con la intención de obtener un beneficio económico y de lucro posterior se deberá enfrentar a un juicio ante el cual puede perder su propiedad y que ésta pase a manos del Estado.
No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que nuestros recursos forestales sigan siendo rehenes de intereses económicos particulares, es por ello que quienes integramos la presente Legislatura debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde y continuar por el camino de reformas legislativas decididas y ejemplares que protejan de manera eficaz nuestros bosques.
En función de lo anterior, proponemos una reforma Constitucional al artículo 22, para establecer la provocación intencional de incendios forestales con fines de lucro o beneficio económico, como una causal para la procedencia de la acción de extinción de dominio.
Esperando contar con su respaldo, agradezco la atención.
Es cuanto.
