· La reforma legal mantiene la prohibición de hacer justicia por propia mano, pero impide criminalizar a las mujeres en situación de violencia.
El Partido Verde propone nuevos mecanismos de defensa legal a mujeres víctimas de la violencia que reaccionan contra su agresor y en legítima defensa son revictimizadas o criminalizadas.
El objetivo de ajustar la ley es tener atenuantes que aprecien un menor grado de responsabilidad para aquellas mujeres que se defiendan del agresor y con su conducta cometen un delito sancionado con prisión, es decir, se busca acceder a una exclusión de culpabilidad ydemostrar fácilmente la legítima defensa.
La diputada Fátima Cruz Peláez planteó mediante iniciativa, actualizar el concepto de violencia en los artículos 6º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 16º del Código Penal Federal, para probar la legítima defensa como una acción real, actual o inminente contra el atacante.
Incluye también, los términos de temporal y permanente que ayudan a demostrar el daño a la estabilidad psicológica de la víctima.
"No se considera exceso de legítima defensa la realización de una conducta ilícita que repela una agresión que no sea actual o inminente, cuando se trate de víctimas de violencia que tengan acreditada la imputabilidad temporal o permanente provocada por los actos del autor o partícipe del delito de violencia", establece el texto de la iniciativa.
El cambio mantiene la prohibición de hacer justicia de mano propia, pero impide criminalizar a las personas que por su circunstancia son llevadas a cometer ilícitos en contra de su atacante, puntualizó la legisladora ecologista.
Reconoció que nuestro marco jurídico cuenta con debilidades que hoy perjudican a las mujeres violentadas, especialmente contra aquellas que reaccionan en un acto de defensa personal, por lo que es necesario fortalecer las leyes y garantizar la justicia a favor de las víctimas.
Lamentó que a la fragilidad de la norma existan otras fallas como, la ausencia de denuncias y aún con una queja de por medio, no tenemos garantizada la aplicación de la ley.
De acuerdo con el reporte de la Organización Causa en Común, en 2023, en promedio sólo siete de cada 100 casos de violencia familiar se denunciaron en México, es decir, apenas el siete por ciento.
