Con la venia de la Presidencia
La desaparición forzada constituye una clara violación de los derechos humanos y es una práctica aberrante que no puede tener cabida en un estado democrático y de derecho como el nuestro, cuyas instituciones y normas jurídicas se encuentran obligadas a garantizar el pleno ejercicio de las libertades fundamentales de las personas.
Si bien las desapariciones forzadas en el pasado fueron principalmente obra de las dictaduras militares, hoy en día diferentes naciones experimentan situaciones complejas derivadas de los conflictos internos que enfrentan, las cuales son propicias para la proliferación de este fenómeno, especialmente como método de represión política.
En el caso de nuestro país, el poder corruptor del crimen organizado, cuyos tentáculos lamentablemente han alcanzado a gobiernos de todos los niveles, ha propiciado el incremento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del territorio nacional.
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuya desaparición nos ha indignado y conmovido a todos los mexicanos acapara toda la atención en cuanto a esta materia. Sin embargo, no sólo nos faltan 43, nos faltan miles más, en cuya desaparición han participado tanto criminales declarados como delincuentes que se esconden tras el disfraz de servidores públicos, como sucedió en Iguala con la familia Abarca y sus cómplices.
La iniciativa que hoy está a nuestra consideración para declarar el 26 de septiembre como día nacional en contra de la desaparición forzada de personas es, como se señala en la exposición de motivos, un acto de solidaridad con las víctimas y familiares de los reprobables hechos acontecidos en Iguala y Cocula el año pasado, pero es también un mensaje claro de que el Poder Legislativo comparte el dolor, la angustia y la indignación que sufren las familias de los demás desparecidos en nuestro país y se compromete a trabajar decididamente para que nuestro marco jurídico cuente a la brevedad con una Ley general en la materia.
Ley General que el Congreso de la Unión está obligado a expedir por mandato constitucional y que habrá de regular lo relativo a la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada, así como la búsqueda y situación legal de las personas no localizadas.
Del mismo modo, se deberá establecer un sistema efectivo de localización de personas, pues en los momentos de mayor zozobra para los familiares, es fundamental tener la confianza de recurrir a un sistema de información que permita iniciar las acciones de búsqueda de manera ordenada y coordinada durante las primeras horas que suceden a la desaparición.
Igualmente, dicha legislación deberá tutelar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas. Porque si bien la víctima directa es quien sufre las mayores afectaciones en su integridad física, psicológica, su libertad y su dignidad, lo cierto es que esta clase de delitos impactan de manera brutal a los padres, hermanos e hijos de la víctima pues la incertidumbre de no saber qué sucede con un ser querido afecta su salud y su estabilidad en todo sentido.
Sirva entonces esta declaración como refrendo del compromiso del Poder Legislativo para combatir la desaparición forzada de nuestro país pero también como preámbulo del intenso trabajo que aún debemos realizar para evitar que casos como los de Iguala se vuelvan repetir.
Para el Estado mexicano, hoy más que nunca, debe ser una prioridad asegurar el respeto, la promoción y la defensa de todos los derechos humanos en México, especialmente el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida y de la libertad; el derecho a un juicio imparcial con estricto respeto a las garantías judiciales; y el derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas.
Sin embargo, consideramos pertinente señalar que el compromiso de actualizar el marco jurídico para prevenir y sancionar eficazmente estas conductas que atentan tan gravemente en contra de la dignidad de los seres humanos existe incluso desde antes del 26 de septiembre del año pasado, pues éste se estableció en el Pacto por México.
Asimismo, se debe recordar que el 22 de octubre de 2013, el Presidente de La República envió al Senado una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal en materia de desaparición forzada con objeto de tipificar adecuadamente este delito, de acuerdo a lo que marcan los estándares internacionales, lo cual demuestra que el actual Gobierno de la República tiene un serio compromiso con la prevención, sanción y erradicación definitiva de la desaparición forzada.
Finalmente, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos justo reconocer los esfuerzos que se han venido realizando para esclarecer lo ocurrido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuya desaparición lamentablemente ha sido utilizada como bandera política, lo cual en nada contribuye a encontrar la verdad que reclaman tanto sus familiares como la opinión pública nacional e internacional.
Por todo lo anterior, las y los legisladores del Partido Verde votaremos a favor del presente decreto.
Es cuanto señor Presidente.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
